Santo Domingo (Rep. Dominicana).- La organización cívica no partidista Participación Ciudadana consideró que la forma en que se asignaron los recursos a los partidos políticos viola la ley.
“La decisión en cuestión también viola el principio de especialidad cualitativa, que se refiere a que los recursos se deben gastar exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto, como lo señala el artículo 11, literal g de la Ley Orgánica de Presupuesto”, expresa la entidad.
Recordó que solo el Congrego Nacional, el mismo que aprobó el presupuesto del 2024 con las partidas que hoy se reclaman, está facultado para modificarlo, después de la presentación de un complementario por parte del Gobierno central.
“El uso de recursos consignados para otros fines en el presupuesto de la JCE es ilegal y aún más ilegal es hacerlo bajo un compromiso del Poder Ejecutivo de que reestablecerá esos recursos, porque eso es pasarle por encima al Congreso Nacional, una violación inaceptable por la separación de poderes. Si este organismo no protesta esa decisión es porque todos los partidos se beneficiarán de la misma”, reprochó.
Recordó que el monto que se aprobó para financiamiento de los partidos en el presupuesto del 2024 no es producto de un error u omisión de ninguna de las partes involucradas.
“La realidad es que esa reducción, al igual que la que se aplica a otras doce instituciones o sectores, se ha venido produciendo año tras año, debido a que los ingresos del Estado no son suficientes para cumplir con todas las asignaciones que leyes especiales consignan para distintas instituciones”, precisó.
Indica que el “bajadero” autorizado por el Gobierno para complacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley, que sienta un precedente que puede traer graves problemas en el futuro.
Partidos políticos viola la ley
Participación Ciudadana advierte que el país deberá abocarse a resolver de manera institucional todos los asuntos que conllevan a estas violaciones anuales en el presupuesto.
Manifestó su aspiración a que, en una próxima revisión constitucional, se examinen las condiciones y montos de financiamiento que se consignaron en las leyes electoral y de partidos, a la luz de los pobres resultados que hemos tenido.
“Pero hasta que eso se produzca, no podemos pasar por alto, ni apoyar violaciones a las leyes como la que se ha anunciado, ni mucho menos que se hagan en beneficio del sector que toma las decisiones, en detrimento de las demás instituciones y sectores que todos los años reciben un presupuesto muy por debajo de sus necesidades”, expresa.
Indica que luego de analizar la decisión la rechaza, como lo hizo con similares en oportunidades anteriores.
