Santo Domingo (Rep. Dominicana). – El presidente Luis Abinader dispuso detener cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, tras una manifestación realizada este domingo en la cual mostró su rechazo a la explotación en la localidad.
«Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia», manifestó.
En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario dijo que esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, “si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”.
Explicó que el proyecto se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 reiterada en el 2010, lo cuales renovaron en los años 2015 y 2018, con la autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto.
«En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro», manifestó el jefe de Estado.
Actividad relacionada
En la víspera tuvo lugar en el municipio cabecera de la demarcación una protesta masiva contra el plan de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp que busca explotar oro, plata y cobre mediante minería subterránea -si se aprueba, bajo la tesis de que su operación sería de mínimo impacto ambiental.
A la manifestación contra los planes de la minera y empresarios se sumaron residentes de otras provincias, en una muestra de que el tema trascendió del ámbito de la provincia sureña para pasar un tema de videncia que el tema trascendió lo local para convertirse en tema de interés nacional.
El pasado 28 de abril, la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su apoyo a las comunidades y personas de buena voluntad que, haciendo uso del derecho que le asiste, promueven sin violencia, la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.
En su mensaje se unió a la demanda de que estos territorios sean resguardados de actividades mineras, ya que pueden comprometer la integridad ecológica de estas zonas y perturbar su rol en el ciclo hidrológico del país.
La entidad instó a las autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que piden el respeto de las cordilleras Central y Septentrional.
Expresó que su principal preocupación frente a posibles operaciones mineras en las cordilleras Central y Septentrional es su impacto sobre el agua, puesto que es un recurso vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas y las cordilleras funcionan como grandes reservorios hídricos: captan, almacenan y distribuyen el agua.
Manifestaron que la actividad minera puede tener como secuela directa la modificación de los cursos naturales del agua y también afectar a los ecosistemas que dependen de las cuencas impactadas por tales actividades.
“Esta agua alimenta los principales ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional. Cualquier alteración significativa de estos sistemas puede afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua”, expresó la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano.
