Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana sentó jurisprudencia al dictar la primera sentencia nacional que acoge la venta anticipada de bienes, correspondientes, en este caso, al proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada con la Operación Guepardo.
Los bienes los incautó el Ministerio Público en el proceso seguido a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova, apresada en Colombia, así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, por su vinculación al caso.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en el transcurso de la investigación se estableció que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.
Durante las pesquisas se incautaron bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Acoge la venta anticipada de bienes
La solicitud la formularon los fiscales litigantes Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Mayerling Rondón, ante la jueza Vicky Chalas, quien ordenó la venta anticipada de los bienes.
Los bienes puestos en venta de manera anticipada, son de los inmuebles donde operarían proyectos como Romana Victoriana Residences, en la cual colocaron mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados, entre otros, para simular el trabajo de construcción del complejo.
El Ministerio Público indicó que la venta anticipada busca evitar que los bienes perecederos se dañen o se deterioren, por lo que los venderán de conformidad con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, una legislación que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con fines de resarcimiento a las víctimas cuando un tribunal ordene un decomiso.
