Boston, EE.UU. (Fuente externa).- La Fiscalía del Distrito de Massachusetts acusó a trece personas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en la República Dominicana.
De acuerdo con la acusación, desde ese centro se engañó a cientos de víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos a quienes les hacían creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.
En la investigación del caso, que procesa el fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Criminal de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, se identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos a 50 en Massachusetts, y pérdidas que superan los USD 5 millones.
Según los documentos de acusación, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Castaños García, manejaban un “call center” en el país caribeños para engañar a adultos mayores en los Estados Unidos con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero.
Una vez obtenían el dinero, supuestamente lo lavaban y enviaban de vuelta a la República Dominicana, dice una nota de prensa en la cual se sirve la información.
En la acusación se alega que Castaños García supervisaba varios call centers en el país, empleando a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que comúnmente se conoce como “estafa de los abuelos”.
Indica que las estafas comenzaban con un empleado “iniciador” que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta que había tenido un accidente.
Luego, -explica- un “cerrador” supuestamente hacía una segunda llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando una suma de dinero para cubrir gastos relacionados con el accidente.
Fraude a envejecientes
Castaños García supuestamente operaba estos call centers con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados, recoge el expediente.
De acuerdo con la acusación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para entregar dinero en efectivo a “mensajeros” en los Estados Unidos.
Expresa que, en la mayoría de los casos, les indicaban entregar el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, a quienes enviaban a la casa de la víctima por un mensajero.
“Estos conductores, sin saberlo, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las víctimas eran instruidas a enviar el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajería a direcciones específicas”, la nota de prensa.
Enuncia que, en muchas ocasiones, el call center volvía a llamar a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más.
“Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer embarazada perdió a su bebé en el accidente”, dice la nota.
Fraude a envejecientes
Indica que, en ciertos casos, los cómplices ordenaban a conductores de transporte por aplicación que llevaran a las víctimas a su banco para retirar más dinero.
Asimismo, se alega que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes.
Explica que los operadores de este esquema se apoyaban en personas que lavan dinero tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana para transferir las ganancias ilícitas desde las víctimas en los EE.UU. hacia Castaños García y otros en la República Dominicana.
Expone que el cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD 250,000, o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima.
Mientras el de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD 500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor.
Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito conforme a las Guías de Sentencia de los EE.UU. y las leyes aplicables.
