Santo Domingo (Rep. Dominicana). – La Secretaría de Seguridad Vial del partido Fuerza del Pueblo (FP) considero que el país existe una profunda crisis de autoridad en la gestión del tránsito.
En un parte de prensa, la organización política en oposición manifestó que la situación la evidenció el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrat), Milton Morrison, ante el Senado.
Dijo que durante la participación del funcionario ante los legisladores identificó señales claras de la situación caracterizada por la fragmentación institucional, recursos insuficientes y la ausencia de una estrategia articulada.
“El sistema de movilidad enfrenta una parálisis funcional: las competencias se solapan, la colaboración entre instituciones es débil, y ninguna entidad parece asumir plenamente el liderazgo que la situación requiere”, expresó la Secretaría en un documento oficial.
Llamó al gobierno a revisar la asignación de los fondos provenientes de multas, transparente su uso y garantice su inversión en acciones concretas que reduzcan la morbilidad y mortalidad en las calles del país.
Según la organización, el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) impulsa políticas recaudatorias sin resolver las fallas estructurales y operativas del sistema.
Gestión del tránsito
Resaltó que tras casi cinco años de gestión persisten graves deficiencias en la movilidad vial del país, sin que se evidencie una inversión efectiva de esos recursos en el fortalecimiento del sistema por lo que exigió al gobierno explicar el destino de los fondos recaudados por concepto de multas de tránsito.
La organización política aseguró que los recursos generados por infracciones no están fortaleciendo a los organismos responsables como el Intrat ni a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Aseguró que esa situación limita seriamente la implementación de un régimen de consecuencias efectivo para reducir la alta tasa de siniestralidad vial que afecta a la población dominicana.
“La seguridad vial no se logra con propaganda ni con sanciones aisladas. Se requiere una inversión real, liderazgo estatal y coordinación entre todos los actores del sistema, como establece la Ley 63-17”, subraya el comunicado.
Aseguran que la Digesett, órgano responsable de la fiscalización y control en las vías, continúa recurriendo a medidas represivas, muchas veces exacerbadas y poco efectivas, debido a la falta de entrenamiento del personal.
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