Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó medida de coerción de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del proceso que se sigue en contra de ocho personas físicas y 15 empresas o personas morales imputados en la Operación Gaviota.
La fiscalía depositó la noche de este jueves la solicitud en contra de los imputados son Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo y Carlos Manuel Jiménez Mauricio.
Son parte de los encartados Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón y las personas morales, Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPEES) y Investor Winner IW SRL.
También Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
En el escrito el Ministerio Público detalla los bienes adquiridos por la organización y las distintas maniobras que atizaban para lograr que la personas invirtieran su dinero bajo un falso esquema de inversión.
Las autoridades pusieron en marcha la Operación Gaviota contra una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner.
La organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.
Los allanamientos se realizaron en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. En estos operativos se arrestaron personas y se incautaron evidencias vinculadas a la investigación.
Imputados en Operación Gaviota
La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas.
Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15 % de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales.
Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
Para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país.
