Caracas (Venezuela).- Los venezolanos aspiran a una mejora sustancial en la prestación de servicios públicos, develaron los resultados del Monitor de Servicios Básicos del mes de enero de 2025 realizado por el Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad.
La investigación evidenció reportes de fallas en el suministro de electricidad, agua, funcionamiento de la red de telecomunicaciones, entre otros ítems, que afectan el trabajo y la calidad de vida de los ciudadanos.
Los datos son el resultado de la información recabada de una encuesta digital que se remitió a 2,300 personas desplegadas en todo el territorio nacional, con el apoyo de corresponsales voluntarios en 10 localidades del país.
El instrumento diseñado por los investigadores de Cedice Libertad recolecta insumos cuantitativos sobre el desempeño de los servicios básicos en términos de continuidad, cobertura y calidad, explica un documento de prensa de la entidad responsable de la indagación.
En materia de servicios electico el 68 % de los encuestados destacó que los apagones o fallas en el servicio eléctrico se suscitan, en su mayoría, durante horas aprovechables del día, lo que genera retrasos sobre la operatividad en bancos, comercios, escuelas y hospitales.
Por concepto de pago adicionales, los venezolanos deben pagar ente 20 y 30 dólares en materia electica para mantenimiento o alquiler de plantas y la compra de insumos para linternas improvisadas, estableció el informe del Monitor de Servicios Básicos.
Con base en la encuesta virtual, se detectó que hubo en enero 54 mil 029 fallas en la prestación del servicio eléctrico en todo el país, 1,54 % más que las registradas en diciembre y el 44% de los encuestados aseguró el daño a 2 o más electrodomésticos como consecuencia de alguna variación en la intensidad eléctrica.
Prestación de servicios básicos
Con relación al agua potable, el 86 % de los encuestados destacaron que llegó a sus casas estuvo cada vez más fétida y sucia que los meses anteriores y resaltaron el incrementa de enfermedades estomacales como consecuencia de la mala calidad del líquido.
Más de 70 % de los entrevistados denunciaron la presencia de sedimentos, olores extraños y, en ocasiones, sabores irreversibles en el agua que llega a través de las tuberías, aun cuando ésta fue hervida por los consumidores.
En lo relativo a la prestación de servicios de internet, el 72 % de los encuestados migró a alguna solución de red privada, donde las tarifas oscilan entre los 20 y 60 dólares mensuales y el 60 % de los entrevistados denunció intentos de cobro de tarifas extraoficiales para agilizar procesos de reconexión, telefonía fija o internet.
“El 73 % de los encuestados aseguró haber experimentado alguna avería con su servicio de internet o telefonía fija, bien sea producto de falla eléctrica o por falta de mantenimiento. El 55 % asegura tener más de 6 meses sin solución. La mayoría destaca que aún paga el servicio, aunque no lo reciba”, destacó el informe.
Otro servicio consultado fue el de gas doméstico por bombona que, aproximadamente, el 87 % de la población requiere el servicio de gas por este método (GLP – gas licuado de petróleo) y cuya provisión de llenado se ejecuta bajo esquema de distribución no automático (manual)
El 80 % de los encuestados aseguró que hay muy pocos o inexistentes canales de denuncia o reclamo, ante irregularidades en la prestación del servicio y el 33 % dijo haber solicitado la instalación de gas directo.
Prestación de servicios básicos
El 12 % de los encuestados aseguró que enero usó leña o cocinas a carbón para procesar los alimentos, debido a que la distribución de gas en su localidad es ineficiente, métrica que sigue en crecimiento, hace unos meses estaba en 7 %.
En relación con el programa de alimentos Clap, el Monitor de Servicios Básicos de Cedice detectó que el 87 % de los encuestados aseguró que no utiliza todos los productos o insumos que llegan a través de este plan gubernamental.
Atribuyen su negativa al consumo “a su mala calidad; las inconsistencias de marcas y la poca confianza que generan para el consumo”.
En respuesta a la situación, dice el reporte, los receptores del subsidio intercambian los productos por otros que sí respondan a sus necesidades.
El 91% de los encuestados favorece la eliminación del programa y los servicios de distribución, pues considera que el actual modelo es ineficiente y mantienen la esperanza de que puedan comprar los productos que necesitan por medio de su trabajo.
El 65 % de los encuestados resaltó que, aunque se incrementen la cantidad de productos, la calidad de estos suele ser baja y advirtieron que la actualización de datos vía Carnet de la Patria es inconsistente.
