Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, manifestó preocupación por la posible “extinción de la acción penal” de casos de corrupción vinculados a la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que están en los tribunales.
Se refiera a los casos Antipulpo, Coral, Coral 5 G; Medusa y Calamar, a cuyos expedientes judiciales, desde sus inicios, da seguimiento por los “enormes montos y la gran cantidad de involucrados” en los mismos por lo “que merecen que se conozcan en los tribunales de manera oportuna, poniendo fin a una larga historia de impunidades”.
Por esa inquietud, la entidad decidió emitir informes detallados sobre la marcha en los tribunales por entender “que estos importantes casos de corrupción avanzan muy lentamente, caracterizados por innumerables incidentes y exceso de permisividad, como la de obligar a la lectura íntegra del expediente en la audiencia preliminar”.
Advierte que, a pesar de la gravedad de los hechos imputados y las dilaciones que presentan los mismos, puedan terminar en la extinción de la acción penal, por alcanzar el plazo de duración máxima del proceso sin decisión sobre el fondo, como sucedió en casos de corrupción se extinguieron y otros absueltos por insuficiencia de pruebas, de acuerdo a diferentes tribunales.
“Todavía, con una buena administración de los procesos, los tribunales tienen la oportunidad de impartir justicia, imponer el interés supremo de la sociedad, de que el sistema de justicia no lo sigan burlando quienes tienen recursos y poder para imponerse”, manifiesta la organización cívica no partidista.
Extinción de la acción penal de casos
En el caso Antipulpo se imputa sustracción en perjuicio del Estado entre los años 2012 y 2020 por RD$4 mil 796 millones de los fondos públicos, al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, practicando tráfico de influencias. Las medidas de coerción se dictaron el 8 de diciembre de 2020, por lo que en diciembre próximo tendrá cuatro años.
En los casos Coral y Coral 5 G se acusa a un grupo de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares, ventas de especialismos y otras anomalías en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Las medidas de coerción del caso se impusieron el 15 de diciembre de 2021, por lo que cumplirá cuatro años en diciembre de 2025.
Por el caso Medusa, al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas y 22 sociedades se le imputa estafar al Estado por más de RD$6,000 millones de pesos. Las medidas de coerción en este caso se dictaron el 14 de julio de 2021, por lo que sobrepasa ya los 3 años.
El caso Calamar involucra distracciones en perjuicio del Estado dominicano por más de RD$41,000 millones de pesos. Las medidas de coerción se impusieron en abril de 2023 y la acusación presentada el 26 de abril de 2024. El caso está en la fase intermedia de audiencia preliminar, de la que está apoderada la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
