Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana demandó a las autoridades correspondientes explicar las razones de la continuidad del contrato para la semaforización del Distrito Nacional y Santo Domingo.
En una nota de prensa, la entidad manifestó su esperanza de que el Gobierno explique con claridad las razones por las que se continuó ejecutando el contrato para la semaforización con la empresa Transcore a pesar de su suspensión desde octubre del año pasado.
Considera que la población debe saber el nivel de ejecución del citado contrato, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las que se dejó el control del sistema en manos de una empresa que el propio Gobierno cuestiona.
La organización cívica cuestiona que días después de que funcionarios de la administración del presidente Luis Abinader firmaran un compromiso con la ética y la transparencia exploten escándalos como este o la suspensión de la licitación del pasaporte electrónico.
En octubre del 2023, la Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el citado contrato por un monto superior a los RD$1,300 millones de pesos, luego de identificar irregularidades como la creación de la empresa meses antes del citado concurso y que el dueño oficial era un empleado de la entidad organizadora del proceso, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant).
Continuidad del contrato de semaforización
Participación Ciudadana entiende que los argumentos presentados la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa, son superficiales y no llenan las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos.
“La sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y el dejar pasar frente a contratos de esta naturaleza que envuelven miles de millones de pesos y que luego del escándalo caen en el olvido de los medios”, dice un comunicado del Consejo Nacional de la Organización.
La entidad, filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana, indicó que de igual manera el Ministerio Público debe explicar el curso de las investigaciones que se iniciaron el año pasado y de las que la ciudadanía no tiene información.
“Sabemos que en la fase investigativa el Ministerio Público no debe publicar resultados que incluso afecten el proceso, pero es preciso saber si en este caso que envuelve una cifra tan grande y un servicio que cae en el ámbito de la seguridad nacional, hay un proceso abierto”, apostilló.
