viernes, noviembre 22, 2024
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Funcionarios tratan sobre crímenes y delitos electorales

Santo Domingo (Rep. Dominicana). – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo y el titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales, Iván Feliz Vargas, conversaron sobre los crímenes y delitos electorales.

Los funcionarios pasaron balance a las elecciones municipales del pasado domingo durante una reunieron la tarde de este jueves, en la sede central de la JCE.

En el encuentro, Jáquez Liranzo dijo que cada recomendación que sea de competencia del órgano electoral y sea de mejora para la institución y el fortalecimiento de la democracia, será tomada en cuenta para las elecciones del próximo 19 de mayo de 2024 y de una posible segunda vuelta en junio.

El presidente de la JCE hizo referencia a que desde la noche del pasado 18 de febrero, los observadores electorales nacionales e internacionales rindieron  informes sobre el proceso, en los cuales destacan daban cuenta de la compra de votos.

Crímenes y delitos electorales

Algunos observadores electorales han resaltado la necesidad de combatir los crímenes y delitos electorales que todavía persisten, como la compra y venta del voto y de cédulas.

También hicieron referencia a la buena organización del proceso electoral, felicitando a la Junta Central Electoral por la jornada, la cual calificaron de exitosa y de consolidación de la democracia.  

Al presentar el informe preliminar del proceso de observación, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos pidió combatir la “perniciosa práctica de compra de votos” registrada en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero.

Llamó, “como en pasadas elecciones” a la erradicación de la acción que “no solo constituye un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral”.

Manifestó que acabar con esa práctica es responsabilidad conjunta de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales, así como de los propios partidos políticos y de la ciudadanía en general.

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