Santo Domingo (Rep. Dominicana). – La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto con los concilios y organizaciones que la conforman, manifestaron su rechazo absoluto a la propuesta de la modernización fiscal que pretende gravar con impuestos a las iglesias evangélicas.
El obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la entidad, expresó que con este intento se desconoce el papel fundamental que juegan las iglesias en el tejido social y comunitario del país y se mina una labor esencial que va mucho más allá de la religión: el acompañamiento social y la acción formativa.
Declaró que las iglesias evangélicas del país son históricamente la mayor socia del Estado en el ámbito formativo y social, realizando una labor que alcanza niveles extraordinarios de inversión.
Indicó que el esfuerzo de las iglesias incluye la atención integral a miles de niños, niñas y adolescentes, el acompañamiento de jóvenes en riesgo, el fortalecimiento de los matrimonios y el soporte emocional y físico a los envejecientes.
Indicó que las iglesias mantienen un amplio despliegue de trabajo social comunitario, con más de 500 colegios evangélicos al servicio de la comunidad, brindando educación accesible y de calidad a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
Franco Aquino afirma que la modificación del artículo 50 de la Ley 122-05, que previamente garantizaba una serie de exenciones fiscales esenciales para el funcionamiento de las iglesias y organizaciones sin fines de lucro es un ataque directo a los ahorros y recursos destinados a la labor social y espiritual que realizamos, los cuales están comprometidos con la transformación de la sociedad.
Gravar con impuestos a las iglesias evangélicas
“La propuesta actual no solo elimina dichas exenciones, sino que además obliga a las iglesias evangélicas a pagar impuestos como el Itbis y el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI), imponiendo gravámenes desde los 5 millones de pesos, así como impuestos sobre el dinero depositado en bancos, sin importar si estos fondos provienen de donaciones para construcciones de templo o apoyo de programas sociales que benefician a nuestras comunidades más vulnerables”, explicó.
Manifestó que, lejos de gravarlas, a las iglesias deberían recibir un reconocimiento por su invaluable contribución al bienestar social, lo que debería traducirse en una contrapartida presupuestaria seria y una exención total de impuestos
“Rechazamos rotundamente la pretensión de imponer estas cargas impositivas que afectarían nuestra capacidad de seguir operando en beneficio de la nación. El rol transformador que desempeñamos en áreas como la educación, salud, y acción social se reconoce y debe apoyar, no penalizado fiscalmente” puntualizó.
Argumentó que el ataque fiscal a las iglesias evangélicas pone de manifiesto la urgencia de establecer un marco legal sólido que garantice la libertad religiosa y proteja el trabajo que las organizaciones religiosas desempeñan en la sociedad.
“Por ello, la Mesa de Diálogo anuncia que todas las organizaciones protestantes, dan los toques finales a un proyecto de ley que someteremos al Congreso Nacional para garantizar los derechos y libertades de las iglesias, con un marco normativo que reconozca y respalde su rol transformador”, señaló.
Franco Aquino llamó al Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar esta propuesta, recordando que las iglesias no son solo instituciones religiosas, sino actores clave en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con esperanza.
“Oramos fervientemente a Dios para que los actores gubernamentales, políticas y sociales reciban capacitación con la sabiduría divina”, dijo.