Redacción (Agencias).- La República Dominicana experimentó avances significativos en sus puntuaciones en el informe más reciente del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).
El informe revela que las Américas continúan enfrentando “serios desafíos en la lucha contra la corrupción”.
Una de las razones que explicarían esta situación es “la falta de independencia judicial” que ha provocado un agravamiento de este panorama.
Dos tercios de los países de la región han obtenido una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el IPC.
Según el informe, ese debilitamiento del poder judicial “debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común”.
Canadá (76) y Uruguay (73), con sistemas sólidos de pesos y contrapesos institucionales, lideran la región en integridad.
En contraste, Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) registran los puntajes más bajos.
Estos países se caracterizan por una impunidad generalizada y la total falta de independencia judicial.
Experimentó avances significativos en el IPC
A lo largo de la última década, solo Guyana (Puntuación en el IPC: 40) y República Dominicana (35) mejoraron sus calificaciones, mientras que la gran mayoría de los demás países se han estancado o deteriorado significativamente.
La primera escaló 11 puestos desde 2015 y la segunda, siete desde 2020.
República Dominicana (35) destaca como el único país en la región que ha experimentado avances notables en la lucha contra la corrupción desde 2021.
En un corto período, logró fortalecer la autonomía del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República, lo que ha permitido avanzar en la investigación de casos de corrupción significativa sin interferencias externas, según el informe.
En paralelo, el país ha llevado a cabo una profesionalización del Poder Judicial, mejorando la transparencia y promoviendo su modernización digital.
Además, la labor de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil ha desempeñado un papel clave al vigilar las acciones judiciales, sensibilizando a la opinión pública sobre los costos de la corrupción y demandando rendición de cuentas.
