Desde que llegó al poder hace cinco meses, el presidente Donald Trump se ha enfocado en aplicar una política agresiva contra la inmigración ilegal.
El gobierno que en principio afirmó que tendría como prioridad a los inmigrantes considerados como criminales, la realidad es que es lo contrario.
Las continuas redadas realizadas a nivel nacional, las autoridades arrestadas y apresan a inmigrantes ilegales, residentes legales e inclusive ciudadanos estadounidenses. La excusa común de las autoridades es que los residentes y ciudadanos interfieren con los arrestos, pero en la práctica no es así, simplemente los apresan haciendo uso de la fuerza excesiva.
Esto ha creado e incentivado a continuas movilizaciones de protestas en contra del gobierno debido a las medidas contra los inmigrantes considerados como ilegales.
Una de esas medidas fue la orden ejecutiva (decreto) firmada por la administración Trump en enero pasado que negaría la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en los Estados Unidos.
Pero la misma las bloquearon en varias cortes federales, hasta que el viernes 27 del mes de junio la Suprema Corte de Justicia falló con una votación, de 6 a 3 de los jueces que la conforman, a favor del gobierno en el sentido de que los jueces inferiores no pueden bloquear órdenes ejecutivas a nivel nacional que emita el presidente.
Según expertos legales, la decisión del alto tribunal judicial le permitirá al gobierno implementar la orden ejecutiva para limitar a los inmigrantes indocumentados que sus hijos puedan tener derecho a la ciudadanía norteamericana.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia tendrá la última palabra una vez conozca las demandas contra el gobierno de que mediante un decreto presidencial no tiene el poder para decidir quiénes pueden o no ser ciudadanos de los Estados Unidos.
Política agresiva contra la inmigración
La Enmienda 14ª de la Constitución de los Estados Unidos establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen.
Esta enmienda, adoptada en 1868, también estipula el principio del jus soli, o derecho de suelo, que otorga la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la raza, la etnicidad o el origen nacional de sus padres.
Para impedir o eliminar la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes ilegales, el gobierno debe contar con la aprobación de una nueva enmienda constitucional en el Congreso Norteamericano y para ello se necesitarían de acuerdo al artículo 5º de la Constitución de los Estados Unidos con el apoyo de dos tercios (34) de los votos de la Cámara de Representantes (diputados) y el Senado y ratificarlas por tres cuartas partes (38) o más estados.
Además, el Congreso puede elegir referir las enmiendas propuestas ya sea a las legislaturas estatales o a convenciones especiales convocadas en los estados para considerar su ratificación.
Lo cierto es que el gobierno de Trump no cuenta con ese apoyo, mientras los inmigrantes ilegales, cuya fuerza laboral es esencial en la economía norteamericana, contribuyen a crear riquezas en los Estados Unidos más que pensar en limitar sus derechos, lo mejor sería que el propio gobierno retome la anhelada reforma migratoria que les permita acceder a la ciudadanía.
El autor es un periodista, educador y escritor dominicano que reside en el Estado de Nueva Jersey. Lo pueden contactar en [email protected]
